"Solicitamos que se perite de manera urgente la computadora y el teléfono celular de mi defendido. Son sus herramientas de trabajo, y además deben protegerse los datos de terceros que se encuentran allí", dijo el abogado Luis Acosta.
El defensor de Alejandro Diéguez, el letrado imputado por el fiscal Guillermo Herrera de haber participado en la adulteración de un oficio con el cual se obtuvo la libertad de un preso, intenta acelerar las pruebas periciales, para desvincular a su defendido del caso. El viernes pasado se allanó el estudio de Diéguez. El caso del oficio falso salió a la luz, luego que Raúl "Pelao" Rivadeneira, un preso que esperaba un juicio por robo agravado, recuperara su libertad el 11 de noviembre. El oficio llegó hasta las oficinas del Departamento Judicial de la Policía (D5), y se le dio trámite normal. Luego que Rivadeneira fuera dejado en libertad, un jefe de la Dirección de Investigaciones, donde estaba alojado el detenido, comunicara telefónicamente a un secretario judicial que se había dado cumplimiento a la medida. El secretario informó que desde la fiscalía no había salido ningún oficio en ese sentido. Horas más tarde, "Pelao" fue recapturado. Por ello, Herrera realizó allanamientos en diversas dependencias policiales y en el estudio de Diéguez. Además, solicitó la aprehensión de tres mujeres (dos de ellas, la madre y la hermana de Rivadeneira) se encuentran prófugas. Se cree que habría sido la hermana de Rivadeneira quien llevó personalmente el oficio al Departamento Judicial.
El lunes Diéguez declaró ante Herrera y negó tener vinculación con el hecho. En declaraciones a LA GACETA, el abogado explicó que su relación con la familia de su defendido era la normal que tenía con cualquier cliente. Además, Diéguez afirmó que ningún particular, ni siquiera los abogados, pueden llevar oficios a la Policía.
El allanamiento al estudio de Diéguez repercutió fuertemente en el ámbito judicial. Desde el Colegio de Abogados, su secretario Jorge Contrera defendió con vehemencia la profesión y el secreto profesional. Justamente a raíz de estas declaraciones, el martes se reunirá la Asociación de Magistrados de Tucumán (AMT), presidida por la camarista Ester Valderrábano de Casas. A ella, ayer, según trascendió, el fiscal Herrera le envió una nota en la que considera injuriantes los términos usados por el Colegio de Abogados en su contra. Una misiva similar llegó a manos del Ministro Fiscal Luis De Mitri. "Actué en el marco legal y hasta el juez de garantías compartió mi criterio", dijo Herrera en las misivas, dijeron fuentes judiciales.